Durante 21 meses, el sector mantuvo un acercamiento estrecho con las autoridades de la ciudad
La Ciudad de México tiene ante sí una oportunidad única: demostrar que puede regular una actividad que responde a las nuevas necesidades y tendencias del sector turístico a nivel mundial, sin perder de vista a las personas que la hacen posible. Las viviendas turísticas ya forman parte de la vida urbana, de la economía colaborativa y de la infraestructura turística de la capital. Por eso, su regulación no debe construirse como una reacción frente a percepciones, sino como una política pública sustentada en datos, trazabilidad y diálogo.
Desde la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) hemos sido consecuentes: estamos a favor de la regulación. Queremos reglas claras, profesionalización, transparencia fiscal, estándares de seguridad y mecanismos que permitan distinguir entre quien cumple y quien opera sin orden. No pedimos privilegios. Pedimos que la regulación refleje la realidad operativa del sector y reconozca a anfitriones, propietarios, plataformas y operadores profesionales como actores dentro de un mismo ecosistema.
El pasado 22 de junio recibimos con consternación el anuncio del Gobierno de la Ciudad de México sobre el seguimiento a las leyes aprobadas en 2024 para el sector de viviendas turísticas. Es importante decirlo con respeto: estas reformas no fueron obra de la actual administración. También es justo reconocer que lo que había distinguido al gobierno encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, era su disposición a escuchar y construir una estructura participativa en donde todos los actores implicados pudieran dar a conocer su punto de vista.
Durante 21 meses, el sector mantuvo un acercamiento estrecho con las autoridades de la ciudad. En ese periodo se compartieron diagnósticos, información técnica, propuestas y pormenores operativos. Se explicó que un registro eficiente no debía limitarse a acumular datos, sino a permitir saber quién opera, bajo qué modalidad, en qué zona, con qué nivel de cumplimiento normativo y fiscal, y bajo qué estándares de convivencia y seguridad.
Ésa era la lógica que AMVITUR planteó: un registro inteligente, capaz de ordenar, profesionalizar y fiscalizar con precisión; un instrumento para aplicar reglas proporcionales, diferenciar entre informalidad y operación profesional, y generar información pública para tomar mejores decisiones. Es decir, un sistema que nos permita basar las determinaciones en evidencia y no perpetuar el esquema de percepciones que dio origen a este Ley. Sin embargo, el Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal de la Ciudad de México no refleja, hasta ahora, esa visión técnica.
También preocupa que las conclusiones derivadas de las mesas de diálogo en el contexto del Bando 1 — el mecanismo que el propio Gobierno de la CDMX determinó como la vía para construir un proceso participativo, representativo y de análisis profundo para generar las conclusiones que regularían de manera participativa e informada a las viviendas turísticas— no coincidan con las acciones que hoy toma el gobierno.
En esas conversaciones se reconoció la necesidad de analizar la condición actual de vivienda en la ciudad a partir de la multiplicidad de factores que lo componen: un déficit acumulado en la construcción reconocido por la misma autoridad, un aprovechamiento limitado de los inmuebles en desuso y el estancamiento del poder adquisitivo en las últimas décadas, entre otros.
Cualquier regulación integral debe poner a las personas en el centro. Anfitriones y operadores profesionales llevan a cabo esta actividad para complementar ingresos, pagar una hipoteca, sostener empleos o fortalecer pequeños negocios locales. Cualquier decisión pública debe considerar esa dimensión social. Regular sin escuchar esa realidad puede afectar a quienes han decidido operar con estándares, pagar impuestos y participar en los espacios institucionales que fueron abiertos durante el proceso de consulta. Ante las enormes dificultades que tiene la juventud, este camino incluso ha representado la única vía para que muchos jóvenes logren acceso a la adquisición de una vivienda.
A las autoridades de la Ciudad de México les reiteramos nuestra disposición al diálogo y nuestro compromiso con el turismo comunitario. AMVITUR quiere sumar. Queremos una ciudad ordenada, segura, habitable, sostenible y turística; una ciudad donde la vivienda, la hospitalidad y la convivencia vecinal encuentren equilibrio.
Los operadores profesionales somos aliados en la profesionalización y somos una de las vías más sólidas para construir una regulación informada y sustentada en la realidad del sector. Estamos comprometidos con el cumplimiento de estándares, regulaciones, implementación de programas de protección civil, mejores prácticas contra tráfico y trata de personas y consolidación de empleos formales, entre otros.
Rectificar la vía no significa detener la regulación. Significa fortalecerla y recuperar lo mejor del proceso participativo que esta administración abrió, revisar el sistema con criterios técnicos y construir una solución que sí refleje los resultados de un diálogo sin precedente.
Es importante reconocer que nuestra ciudad puede determinar insertarse o no en el turismo del futuro, que llegó al mundo para quedarse. Es decir, las ciudades pueden, sin duda, decidir su inserción en este esquema de economía colaborativa o, bien, quedarse atrás. Lo que no puede lograr ninguna ciudad es obligar al turista a cambiar su preferencia de hospedaje. Este perfil de turista optará por un nuevo destino que comprenda sus necesidades e intereses.
La Ciudad de México puede hacerlo bien. Tiene autoridades con capacidad y talento, un sector dispuesto a cumplir, una oportunidad histórica para demostrar que gobernar con datos también es gobernar con confianza y un aliado estratégico en AMVITUR.
POR SEAN CÁZARES AHEARNE
DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE VIVIENDAS TURÍSTICAS (AMVITUR)