Hay una frase sencilla que suele olvidarse cuando se diseñan políticas públicas: nadie puede cumplir lo imposible. Parece obvio, pero hoy, en la Ciudad de México, quienes participan en el ecosistema de las viviendas turísticas enfrentan precisamente eso: una serie de obligaciones que no pueden atenderse porque el propio marco administrativo no ofrece una ruta clara para hacerlo.
La Ley de Turismo de la Ciudad de México establece que, a partir del cuarto inmueble inscrito, los anfitriones deben registrar una clave de establecimiento mercantil ante el Padrón de Anfitriones. El problema es que ni la Ley de Establecimientos Mercantiles, ni el sistema correspondiente contemplan un giro específico para las viviendas turísticas. Se exige una llave para una puerta que todavía no existe.
Cuando la autoridad pide cumplir un trámite que la propia regulación no reconoce con precisión, la formalidad deja de ser una herramienta de orden y se convierte en un laberinto sin salida. Y eso no fortalece la legalidad. Al contrario, castiga a quienes quieren hacer las cosas bien y empuja a otros hacia la informalidad.
A esta contradicción se suma el límite de ocupación del 50 % de las noches del año, una medida que genera un resultado paradójico: una vivienda turística puede cumplir con todas sus obligaciones, operar de manera responsable, contar con demanda y, aun así, quedar fuera del mercado precisamente por haber funcionado bien.
Las viviendas turísticas no merecen una regulación improvisada. Merecen reglas claras, proporcionales y diseñadas con evidencia. Regular no significa cerrar el camino. Significa ordenar, elevar estándares, generar trazabilidad y ofrecer certeza a residentes, visitantes, anfitriones y autoridades.
También conviene decir algo que normalmente incómoda en la vida pública: recular no es negativo. Corregir una norma cuando sus efectos no fueron los esperados no es una señal de debilidad; es una muestra de responsabilidad.
La experiencia de Edimburgo lo demuestra. Después de adoptar un esquema estricto de licencias para alquileres de corta estancia, la ciudad identificó que las cargas administrativas estaban reduciendo la oferta de alojamiento y elevando los costos. Tras una consulta pública, simplificó requisitos, eliminó cargas documentales y redujo algunas tarifas, sin renunciar a obligaciones esenciales de seguridad y aseguramiento. Edimburgo no desmanteló la regulación, la hizo mejor.
Este es, precisamente, el debate que el sector y las autoridades de la Ciudad de México deberían sostener. No se trata de elegir entre regulación y desorden, sino de definir qué tipo de regulación queremos: una que sea inteligente, coherente y eficaz, o una que, debido a sus propias contradicciones, termine perjudicando aquello que pretende ordenar.
Reconocemos que existen autoridades con las que hemos establecido un diálogo constructivo y que comprenden la importancia de este planteamiento; sin embargo, todavía queda camino por recorrer para que esta visión sea validada y compartida de manera más amplia.
Perder viviendas turísticas significa perder oportunidades para la ciudad. Significa reducir opciones para familias, turismo médico, viajeros de negocios, asistentes a congresos, artistas, deportistas y visitantes que buscan estancias distintas al hospedaje tradicional. Significa también limitar ingresos para anfitriones, operadores, personal de limpieza, mantenimiento, comercios de barrio y prestadores de servicios.
La relevancia del sector está respaldada por el Reporte sobre las Economías Regionales enero-marzo de 2026, publicado por el Banco de México. Al estudiar episodios de alta demanda, el banco central encontró que las viviendas turísticas son un complemento y no competidoras para el mercado de hospedaje. En promedio, durante 2024 y 2025, los hoteles concentraron el 86.41 % de las reservaciones, frente al 13.59 % de las plataformas.
Esto demuestra que el crecimiento del alojamiento temporal no desplazó al hospedaje tradicional: mientras los hoteles absorben la mayor parte del incremento mediante mayores niveles de ocupación, las plataformas permiten incorporar capacidad adicional a través de viviendas o habitaciones ya existentes. Además, Banco de México argumenta que, aunque estos episodios suelen venir acompañados de aumentos en las tarifas, ampliar temporalmente la oferta mediante viviendas turísticas contribuye a moderar parcialmente esas presiones sobre los precios.
Ante las oportunidades que las viviendas turísticas ofrecen, la capital no puede ignorar las señales más recientes del detrimento de su competitividad turística. Entre 2024 y 2025 —periodo que coincide con la publicación de la ley que regula las viviendas turísticas— el número de turistas que pernoctaron en la Ciudad de México pasó de 24.9 a 23.7 millones, una disminución del 4.7%. Como resultado, la ciudad descendió al segundo lugar nacional y fue superada por Cancún.
Además, entre enero y mayo de 2026, el ingreso de divisas turísticas registró una disminución del 0.4 %, al situarse en 15,869 millones de dólares, lo que representa una pérdida de 60 millones de dólares frente al mismo periodo del año anterior. Lejos de ser un hecho aislado, esta contracción refleja las consecuencias de una regulación que, en lugar de fortalecer al sector, ha terminado por limitar su dinamismo y competitividad.
Ningún dato, por sí solo, explica toda una realidad. Pero sí obliga a revisar si las decisiones adoptadas hasta ahora están llevando a la ciudad a perder visitantes, limitar su oferta y afectar a una de las actividades económicas más importantes para el país.
La buena regulación no expulsa a quien cumple. Lo identifica, lo supervisa y le exige estándares. No convierte el éxito en una falta. No pide cumplimientos imposibles. Y, sobre todo, no confunde corregir con retroceder.
En AMVITUR hacemos un llamado respetuoso al Poder Judicial de la Ciudad de México para que, al analizar los casos derivados de la regulación de las viviendas turísticas, considere las contradicciones normativas que enfrentan quienes participan en esta actividad, así como sus efectos sobre los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad.
Se debe rectificar a tiempo. Hacerlo no sería perder autoridad. Sería recuperar sentido común.
Por Sean Cázares Ahearne
Director General de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR)