Esta diversidad constituye un elemento esencial para comprender la realidad de las viviendas turísticas
El turismo se cuenta desde los aeropuertos, las habitaciones de hotel o las cifras de visitantes internacionales. Pero hay otra escena, menos visible y más cotidiana: la de una familia que adapta un departamento para recibir viajeros; la de una mujer que coordina limpieza, mantenimiento y atención al huésped; la de un adulto mayor que encuentra en su propiedad un ingreso para el retiro; la de un operador profesional que genera empleos con prestaciones acordes a ley; la de una cafetería de barrio que vende más desayunos porque los visitantes duermen a unas cuadras y salen a caminar a la colonia.
Esta diversidad constituye un elemento esencial para comprender la realidad de las viviendas turísticas. Lejos de ser un fenómeno uniforme o de limitarse al funcionamiento de una plataforma digital, cada alojamiento forma parte de un ecosistema amplio y heterogéneo. En él participan anfitriones ocasionales, familias que administran un inmueble propio, operadores profesionales que prestan servicios a terceros y mipymes que generan empleo.
Las plataformas digitales son únicamente canales digitales utilizados para promocionar y comercializar estos alojamientos y, como tales, deben cumplir con las obligaciones que determinen las autoridades. Sin embargo, la realidad de los anfitriones y prestadores de servicios trasciende a cualquier empresa multinacional o plataforma en particular. Por ello, la labor de AMVITUR se centra en representar a las personas, familias y operadores profesionales que participan de esta actividad, no a las plataformas digitales.
Uno de los malentendidos más comunes para quienes no viven la realidad del sector día con día, es imaginar que toda vivienda turística equivale automáticamente a una vivienda retirada del mercado habitacional. Es algo mucho más complejo. En México existen alrededor de 38.3 millones de viviendas, mientras que las viviendas turísticas representan apenas el 0.75% de ese total. Además, uno de cada cuatro de estos alojamientos es cohabitado, es decir, el anfitrión comparte su vivienda habitual con los visitantes.
En la Ciudad de México, donde hay más de tres millones de hogares, las viviendas turísticas representan el 0.86%, mientras que existen más de 200 mil unidades deshabitadas, las cuales equivalen al 7% del parque habitacional. A ello se suma un problema estructural: la capital requiere 70,000 nuevas viviendas al año y la producción formal está muy por debajo de esa necesidad.
Estas cifras nos llevan a una conclusión clara: responsabilizar automáticamente a las viviendas turísticas de la crisis habitacional simplifica el debate y desvía la atención de los verdaderos retos: falta de vivienda asequible, suelo urbano limitado, trámites complejos, encarecimiento de zonas consolidadas, especulación inmobiliaria y abandono de inmuebles. Si el diagnóstico parte de una categoría imprecisa, la política pública difícilmente ofrecerá una solución eficaz.
Algo similar ocurre cuando se intenta definir a los llamados grandes operadores sólo por el número de listados que administran. Considerar como “grande” a quien tiene 10 o más anuncios desconoce cómo funciona esta actividad. Un operador profesional puede gestionar varios inmuebles con un equipo reducido de 3 o 4 personas, apoyarse en trabajadores independientes o coordinar servicios externos. En México, el tamaño de una empresa no se mide por la cantidad de anuncios que publica, sino por criterios establecidos por el Gobierno de México, principalmente el número de trabajadores: microempresas, aquellas con menos de 10 empleados; pequeñas empresas, con menos de 50 empleados; y medianas empresas, con menos de 250 empleados. En este sentido, el ecosistema de las viviendas turísticas es un entorno en el que conviven miles de mipymes mexicanas. No se tiene identificada ninguna empresa del sector que califique como gran empresa; es decir, que cuente con un mínimo de 251 empleados.
Nada de esto significa negar que existen zonas con alta concentración de alojamientos turísticos, ni desconocer los retos de convivencia vecinal, seguridad, ruido, fiscalización, protección civil y planeación urbana. Reconocer la complejidad del fenómeno es el primer paso para ordenarlo bien. No es lo mismo una habitación que una vivienda completa; no es lo mismo un propietario que un operador profesional; no es lo mismo una microempresa mexicana que un corporativo internacional.
Por eso, desde AMVITUR hemos impulsado una visión sencilla: regular con datos. El Registro Único de Hospitalidad (RUH), iniciativa que presentamos al Gobierno de la Ciudad de México, permitiría saber quién participa en la actividad, dónde están los alojamientos, bajo qué esquema operan y qué obligaciones deben cumplir. Esa información daría transparencia, fortalecería la supervisión, facilitaría la recaudación y permitiría distinguir entre quienes cumplen y quienes no. Y quizá el elemento más importante de una implementación del RUH es que nos permitiría llevar un análisis serio del sector para determinar políticas públicas basadas en evidencia y no en percepciones.
Al final, hablar de viviendas turísticas es hablar del turismo como una cadena amplia de valor. El PIB turístico contribuye con el 8.7% del total de la economía nacional y ocupa el cuarto lugar como actividad económica, por detrás de las manufacturas, el comercio y los servicios inmobiliarios. En esa dimensión conviven restaurantes, hoteles, transporte, experiencias, servicios profesionales y también viviendas turísticas.
México tiene frente a sí una decisión trascendental: adaptar sus reglas al nuevo turismo, con inteligencia de datos y visión de futuro, o aferrarse a percepciones que debilitan a una de las principales actividades económicas del país. Es momento de escoger: adaptarnos al nuevo turismo o arriesgarnos a perder una fuente esencial para el desarrollo de México.
Por Sean Cázares Ahearne
Director General de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR)